Nuestros casos

Son muchos los casos que pasan por nuestro despacho, todos han encontrado el apoyo que necesitaban para defender sus derechos:

 

1.- Reclamaciones a la Seguridad Social

Así fue como ayudé a Carmen R.L., quien, buscando un abogado especializado en hacer reclamaciones de Seguridad Social, se puso en contacto conmigo y me expuso su caso en nuestra primera reunión. Carmen R.L., que en ese momento tenía 50 años de edad, era la Jefa de Recepción en uno de los hoteles de mayor prestigio de la ciudad, donde había estado trabajando para la misma empresa durante más de 30 años.

Debido a las exigencias de su puesto de trabajo, Carmen R.L. empezó a padecer una serie de dolencias físicas que le causaban problemas de movilidad y otros problemas de tipo psiquiátrico (depresión, estrés,…) que ya alcanzaban tal gravedad que le impedían desarrollar su trabajo de forma adecuada.

Diagnosticada de fibromialgia, inició un proceso de incapacidad temporal por enfermedad común. Transcurrido un año, al ver que no había mejorado ni se preveía que fuera a mejorar, el Instituto Nacional de la Seguridad Socialdictó una resolución por la que la declaró en situación de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, por entender que no podía seguir trabajando en lo suyo pero sí en otras actividades.

A pesar de que ello suponía el reconocimiento de su derecho a una pensión vitalicia equivalente al 55% del salario que cobraba antes de la enfermedad, ella seguía sufriendo los mismos problemas, que le hacían imposible trabajar de forma seria y eficiente, como siempre lo había hecho, por lo que creía que no podría obtener otros ingresos para completar la pensión que se le había reconocido y estaba realmente preocupada.

Siendo consciente de que la crisis también afecta en esta materia, y ya no se reconocen incapacidades permanentes absolutas como hace años sucedía, le aconsejé poner una reclamación a la Seguridad Social, solicitando el reconocimiento de que la enfermedad que sufría la incapacitaba para todo tipo de trabajo mediante la correspondiente reclamación previa en materia de Seguridad Social, que resultó desestimada.

Como corresponde en las reclamaciones de Seguridad Social, recurrimos al Juzgado de lo Social,con un informe de un médico privado que desvirtuaba las conclusiones de los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por lo que finalmente conseguimos una Sentencia por la que se declaró que efectivamente la gravedad de la enfermedad de Carmen R.L. había anulado por completo su capacidad para trabajar.

Fue declarada en situación de incapacidad permanente absoluta, y pasó a tener derecho a una pensión vitalicia del 100% (y no del 55% inicialmente reconocido). Teniendo en cuenta su base reguladora diaria, la pensión mensual ascendía a 2.116,36 € en lugar de a los 1.163,99 € que habría percibido si no se hubiera decidido a reclamar.

Pero no quedó ahí la cosa, pues por mi condición de abogado experto en laboral, comprobé que la empresa para la que había trabajado no le había pagado las mejoras voluntarias previstas en el Convenio Colectivo del sector,por lo que Carmen R.L. había dejado de cobrar los 5.505,63 € que significaban esas mejoras, y que además tenía derecho a un “premio de vinculación” de12.698,16 € previsto en el Convenio Colectivo para el caso de cese de un trabajador con la edad y antigüedad en la empresa que ella tenía.

Reclamé verbalmente a la empresael pago de esos importes, y ante su inicial negativa, me vi obligada a formular en su contra una conciliación, en la que finalmente la empresa aceptó pagar.

Y aunque no pude paliar su enfermedad, así fue como gracias a mi intervención Carmen consiguió una pensión vitalicia que casi duplicaba la inicialmente reconocida, y además 18.203,79 € de las mejoras voluntarias y el premio de vinculación que no habría cobrado si no hubiera tomado la sabia decisión de buscar el consejo de un laboralista experto en reclamaciones de Seguridad Social en Madrid.

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2.- Accidentes laborales

Es el caso de Mariano, U.P, que es albañil de profesión, y que se encontraba subido a un andamio cuando su compañero resbaló del mismo y se precipitó veinte metro hacia el suelo. Mi cliente Mariano, en un intento por ayudarle, intentó agarrarle, provocando su caída, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un grave coágulo en la cavidad cerebral que le impidió volver a su trabajo en nueve meses.

En este caso, nos encontramos ante un accidente de trabajo en actos de salvamento. Y gracias al reconocimiento como accidente laboral que conseguimos a favor de mi cliente, éste percibió una indemnización como consecuencia del mismo que ascendió a 18.600 €.

Por otro lado, se encuentran las enfermedades o defectos anteriores, que son aquellas enfermedades que a pesar de que el trabajador ya las padecía con anterioridad al desempeño del trabajo, como consecuencia del mismo se han visto agravadas; y las enfermedades recurrentes, que son aquellas en las que existe un accidente de trabajo, y como consecuencia del mismo el trabajador ve agravada una enfermedad que padecía con anterioridad al mismo.

A continuación voy a poner un ejemplo de cada uno de los casos que he llevado como abogado especialista en accidentes laborales. Respecto a la enfermedad o defectos previos, voy a contar el caso de Braulio A.V. Éste padecía una enfermedad de nacimiento en el oído, y como consecuencia de ella había visto reducida su capacidad auditiva. Debido a su trabajo de albañil, y a que, en ocasiones, estaba sometido a ruidos, su enfermedad se vio agravada, siendo reconocida al final como un accidente de trabajo.

El siguiente ejemplo trata de Marco P.R, que es carpintero. Desde su nacimiento tiene una enfermedad en la vista, y debido a ésta tiene reducida en un setenta por ciento la visión del ojo derecho. Como consecuencia de un accidente laboral, en el que se le introdujo un clavo en el ojo, ha visto agravada su enfermedad, habiendo perdido en un noventa y nueve por ciento la visión de dicho ojo. Como consecuencia de la reclamación que interpusimos por haber sufrido un accidente de trabajo, mi cliente recibió una indemnización que ascendió a 16.450 €.

Por último, nos encontramos con las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, y que no se encuentran incluidas en la lista de enfermedades profesionales. En este caso, tiene que darse una relación entre la realización del trabajo y la aparición de la enfermedad.

Voy a poner como ejemplo el caso de Mario M.H, que es cartero. Debido a la realización de su trabajo, que se trata de repartir cartas a pie, tiene bronquitis crónica, como consecuencia de estar sometido durante los meses de frío a las inclemencias del tiempo. A pesar de que esta enfermedad no se encuentra recogida como una enfermedad profesional, un Juez sí estimó las pretensiones de mi cliente Don Mario, por entender que como consecuencia de la realización de su trabajo padecía dicha enfermedad.

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3.- Negativa de la Mutua

Fruto de las propias estadísticas de accidentes de trabajo, a nuestro despacho de Pontevedra llegó en noviembre de 2013, la situación de una empleada de un Ayuntamiento de Pontevedra. Estela D.P. que había sido contratada como monitora de natación, para dar servicio a la piscina municipal cubierta, con una retribución de 1.530 € brutos mensuales. Como consecuencia de una avería en el sistema de tratamiento de aguas de la piscina, la situación degeneró en una lesión ocular.

A consecuencia de esta situación, la trabajadora solicitó la baja y el alta durante varios períodos alternativos y sucesivos. Reclamó de la mutua el reconocimiento oficial del pago de sus retribuciones conforme a que lo que ella consideraba una baja laboral por un tipo de accidente de trabajo, y no una baja por enfermedad común.

La mutua se negó a reconocer tal situación, considerándola como patología común y no profesional. No obstante, se tramitó, a instancias de la trabajadora, el expediente de determinación de la enfermedad. Por resolución de la dirección provincial del INSS de Pontevedra, se declaró igualmente, en contra del criterio de la trabajadora, como enfermedad común la citada incapacidad temporal de la trabajadora, determinándose como responsable de la misma a la mutua.

Dicha resolución mdiazistrativa se apoyaba en el artículo 115.3 del TRLGSS (Ley General de la Seguridad Social), rechazando la pretensión de la trabajadora de que la baja fuese calificada como accidente de trabajo y enfermedad profesional.

El artículo 115 de TRLGSS define el accidente de trabajo como  la lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Y añade: se presumirá que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo.

Determinar el grupo de enfermedades comunes o profesionales tiene dos derivadas económicas muy importantes. La primera es que los tratamientos médicos, el trabajador deberá pagar parte del precio de los medicamentosque necesite para su curación proporcionalmente en función de su salario anual; en el caso de una enfermedad profesional, los tratamientos médicos son gratuitos.

Por otro lado, y quizá más notable, en el caso de baja durante una enfermedad común, el trabajador percibe el 60% de la base reguladora de su cotización a partir del cuarto día de baja y hasta el vigésimo día. A partir de entonces, obtendrá el 75%. Si, por el contrario, se trata de una enfermedad profesional, el trabajador cobrará el 75% de su salario, con el importe bruto incluido, desde el día siguiente al de la baja médica.

Aceptado y dirigido el asunto por nuestro despacho a través de un procedimiento laboral, ante el Juzgado de lo Social de Pontevedra, porque así lo establece el articulado de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se emplazó como codemandados a la mutua, el Ayuntamiento, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS-INSS), y la dirección provincial del INSS.

Se solicitó por la parte demandante el reconocimiento del juzgador de que la situación era un accidente de trabajo y, por tanto, que se reconociesen los derechos económicos inherentes

Teniendo en cuenta que la mutua se negaba a reconocer el derecho de la trabajadora, y que la dirección provincial del INSS residenciaba su resolución en que no se consideraba un accidente de trabajo, precisamente, nuestra solicitud como abogados laboralista se centró en esta particular interpretación.

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4.- Delitos contra los derechos de los trabajadores

Un ejemplo de este supuesto es el procedimiento penal iniciado por mis clientes, entre otros, Matilde V.N., trabajadores de una empresa fabricante de artículos de cuero. Matilde y algunas compañeras sufrieron una neuropatía tóxica periférica para cuya curación fue necesario tratamiento médico como consecuencia de la vulneración por parte de la empresa de la normativa en materia de PRL. En este caso, se consideró que los acusados cometieron un delito contra la seguridad e higiene de los trabajadores por no proporcionarles medios de protección colectiva necesarios, como la ventilación general y localizada en los puestos de trabajo, mascarillas o guantes. Las indemnizaciones por responsabilidad civil oscilaron entre los 5.000 € y 50.000 €, según los casos.

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5.- Amianto y riesgos

Fernando G.O. había estado prestando sus servicios durante 35 años para la empresa Construcciones y Derribos S.L. Cuando acudieron a mí, se encontraba en situación de baja por enfermedad profesional, al encontrarse en tratamiento por cáncer de pulmón. En un principio los familiares de Fernando G.O. acudieron a mí para tramitar un procedimiento de incapacidad permanente, pero gracias a mi asesoramiento pudieron obtener mucho más de lo que en un principio imaginaron.

El primer paso que tuvimos que dar fue el de solicitar para Fernando G.O. unaincapacidad permanente, mediante la que conseguir una pensión con la que poder ir haciendo frente a sus gastos. Para ello, hubo que recabar todas las pruebas médicas posibles y acudir a un tribunal médico de la Seguridad Social que valorase la situación médica de Fernando G.O., para así establecer su  tipo de pensión por incapacidad permanente. En este caso, la incapacidad se fijó como absoluta, resultando una pensión de 1.200,00 € mensuales en función de su base reguladora.

Pero pudimos ir más allá con nuestras reclamaciones, ya que, si bien la pensión correspondía pagarla a la Seguridad Social, se habían ocasionado graves perjuicios para la salud de Fernando G.O. a consecuencia de una mala gestión por parte de la empresa Construcciones y Derribos S.L., motivo por el que acudimos a la vía judicial para conseguir una indemnización por daños y perjuicios.

En la siguiente fase de nuestras reclamaciones, procedimos a interponer demanda civil contra Construcciones y Derribos S.L. para conseguir una indemnización por daños y perjuicios acorde con los daños ocasionados. Para ello, tuvimos que valorar los daños sufridos por Fernando G.O. mediante un informe pericial, tasando los mismos en la cantidad de 18.620,00 € en función de los puntos de secuela que un médico experto consideró que había que aplicarle, y teniendo en cuenta su edad.

Dicho informe fue ratificado en el procedimiento judicial por el correspondienteMédico Forense, quien llegó a las mismas conclusiones que nuestro especialista tras valorar la situación de Fernando G.O. Quedaba claro, según ambos informes, que el amianto y los riesgos que conlleva el trabajo con el mismo habían generado los problemas de salud de Fernando G.O.

No obstante, la postura de la empresa era muy distinta. Mantenían que la enfermedad no podía ser achacable al trabajo que Fernando G.O. había estado llevando a cabo a su servicio, ya que en todo momento habían cumplido con la normativa legal vigente y basaban sus pretensiones en que en ningún momento la Inspección de Trabajo de Madrid les había sancionado por una mala práctica en su trabajo con el amianto.

Durante el procedimiento pudimos demostrar mediante informes periciales que no se habían observado las medidas adecuadas en cuanto a la higiene de las prendas de los trabajadores, y que era a causa de estas malas prácticas que Fernando G.O., y otros 10 trabajadores de la empresa, sufrían ahora enfermedades respiratorias de diversa índole.

Finalmente, el Juez competente consideró que los argumentos de Construcciones y Derribos S.L. no eran suficientes, y que el hecho que no nunca hubieran sido sancionados por una mala práctica, no quería decir que se hubiera cumplido siempre con la normativa legal vigente, dictando sentencia por la cual se condenaba a dicha empresa al abono de la indemnización solicitada de 18.620,00 €. Sin nuestra ayuda, Fernando G.O. nunca habría conseguida esta indemnización, y la pensión por incapacidad permanente absoluta de 1.200,00 € mensuales.

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6.- Indemnización por accidente

En concreto, Pedro L.P. de 37 años, casado y con dos hijos pequeños, trabajaba en 2.010 como diseñador en una empresa que por motivos de discreción no voy a nombrar. Su jornada de trabajo era de lunes a viernes de 8:00 a 17:30.

El sábado 10 de Abril de 2.010 Pedro L.P. había quedado a recoger unas muestras de un proveedor a las 9:30 porque tenía que presentarlas en una reunión con unos clientes extranjeros a las 10:00 en un hotel del centro.

Dirigiéndose en su moto particular desde la sede del proveedor al hotel (con las muestras, por supuesto) a las 9:45 le patinó la moto en una rotonda y tuvo un accidente. Como consecuencia del cual fue ingresado de urgencia  en un hospital. Estuvo 15 días ingresado, tras los cuales los servicios médicos le hicieron un parte de baja. Tenía varias fracturas en las piernas y estuvo de baja 12 meses y 16 días, necesitando durante todo ese tiempo rehabilitación.

La Mutua  a la que estaba adscrita la empresa no quiso, en principio, hacerse cargo de la rehabilitación ni de las revisiones periódicas a que tenía derecho el trabajador, alegando que el accidente sucedió fuera de la jornada laboral (sábado) y de las instalaciones de trabajo.

Por otro lado, el seguro de la moto tampoco se hacía cargo de ninguna indemnización.

Pedro L.P. me encontró a través de internet. No sólo tenía derecho a que le atendiera la Mutua, sino también a una indemnización por los daños sufridos en el accidente, tanto en la moto como él personalmente. Tenía que reclamar una indemnización por accidente laboral.

Hablé personalmente con el proveedor que había ido a visitar Pedro. Luego contacté con el cliente con el que había quedado en el hotel. Ambos confirmaron los relatos de Pedro L.P. .  Por último elaboré un escrito ordenando los hechos acontecidos y probados el sábado en que, efectivamente, Pedro estaba trabajando.

Es mi costumbre profesional la de intentar llegar a un acuerdo con todas las partes implicadas. No es sólo por evitar los costes innecesarios de un juicio, sino también el bienestar personal que a mis clientes genera la celeridad y eficiencia en la resolución de los problemas.

Mandé el escrito tanto a la Mutua como a la Empresa, en él reclamaba una indemnización de 10.767 € más otra por daños y perjuicios de 3.657,72 € por la reparación de la motocicleta accidentada. En el mismo les advertía de interponer demandas por accidente laboral contra ambas partes. Por supuesto, acudieron a la reunión. Pedro L.P. no tuvo que acudir ni argumentar nada, para eso contrató mis servicios.

Ninguna reunión de este estilo es sencilla ni breve. Más aún cuando las personas – en este caso Pedro L.P.- que han sufrido un daño personal asisten a las mismas formando parte de forma activa. Son reuniones en las que hay que tener la experiencia y el temple que sólo muchos años de profesión te dan.

Ciertamente fueron tres las reuniones que tuvimos, desde el primer momento reconocieron que a Pedro le correspondía una  indemnización por accidente laboral importante La cuantía que ofrecían se fue elevando desde los primeros 4.000 € hasta los finalmente 10.000 € con los que firmamos el acuerdo ya que es muy conforme al baremo de indemnización por accidente laboral en España.

Conflictos como este los revivo con mucha frecuencia en nuestro despacho. Nadie mejor que un abogado especializado y con éxito acreditado en estos asuntos va a saber defender los intereses de un trabajador que por desgracia lo necesite.

Pedro L.P. se recuperó satisfactoriamente a su trabajo. No tuvo que discutir ni asistir a reuniones y cobró una indemnización sin necesidad de acudir a juicio demandando a su actual empresa.

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7.- Periodo de prueba

Dña. Vanessa T.C. firmó un contrato de trabajo por tiempo indefinido en el año 2009 en una empresa textil para trabajar como comercial, pactándose un periodo de prueba de 6 meses, con una retribución de 30.000 eurosbrutos para el primer año y de 32.000 euros a partir del segundo año. Por otra parte, se pactó que a partir del segundo año, Dña. Vanessa T.C. podría obtener una prima de 7.000 euros brutos en función de cumplimiento de objetivos de ventas.

Aproximadamente cuatro meses después de la firma del contrato, Dña. Vanessa T.C. informó de que se había quedado embarazada y  dos semanas después de dicha comunicación, la empresa informó a Dña. Vanessa T.C. la extinción de la relación laboral por no haber superado el periodo de prueba por incumplimiento de los objetivos fijados para los comerciales.

Puesto que Dña. Vanessa T.C. sospechaba que el motivo de la extinción de la relación laboral era el embarazo y no el incumplimiento de objetivos, pues en ningún momento le exigieron objetivos durante el primer año de trabajo,  y mucho menos durante el periodo de prueba, se puso en contacto con mi oficina con la intención de demandar a la empresa.

Tras un estudio detallado del caso, decidí interponer una demanda ante el Juzgado de los Social, solicitando se declare la nulidad del despido, por haberse producido el miso por razón del embarazo de Dña. Vanessa T.C. y no por no haber superado el periodo de prueba.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social no estimó nuestras pretensiones, no obstante, puesto que la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional resultaban favorables a nuestras pretensiones, decidí interponer un Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Finalmente el Tribunal Superior de Justica de Cataluña consideró que nuestras pretensiones eran ajustadas a Derecho, al considerar que la extinción de la relación laboral de Dña. Vanessa T.C. se había producido por razón del embarazo y no por no haber superado el periodo de prueba, ya que además de no haber fijado ningún objetivo de ventas para el primer año, la empresa había sufrido un fuerte descenso de ventas generalizado, por lo que no se puede imputar a Dña. Vanessa T.C. la no consecución de las ventas fijadas en la carta de despido.

Tras considerar nulo el despido, se condenó a la empresa  a la readmisión de Dña. Vanessa T.C. y al pago de los salarios de tramitación, que ascendieron a un total de 15.000 € brutos.

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8.- Accidente laboral y Seguridad Social

Don Francisco G. F. de 51 años, casado, prestaba sus servicios como trabajador por cuenta ajena en una empresa de transportes y mensajería.  Su categoría profesional era la de conductor. Los hechos que voy a relatar ocurrieron  en un servicio de transporte de mercancías desde Madrid  hasta Oporto. Tras haber realizado el servicio, cumpliendo con todas los descansos reglamentarios,  se  contactó con la empresa para indicarle la terminación del servicio y que iniciaría el camino de regreso a primera hora de la mañana del día siguiente. Esa noche, por desgracia, Don Francisco es hallado muerto  de un infarto en la cabina de su camión.

A consecuencia de este hecho, la empresa comunica el parte del deceso a la Mutua, considerándola responsable directo de las prestaciones derivadas del hecho.  La empresa indicó que el fallecimiento por infarto se produjo en la cabina del camión antes de iniciarse el viaje de  regreso. Teniendo en cuenta esto la mutua remite escrito a la gerencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social  rechazando cualquier tipo de responsabilidad derivada de la muerte por considerarla no provocada a consecuencia de la actividad laboral del causante.

Los órganos de la Seguridad Social  denegaron también las prestaciones derivadas de accidente de trabajo a la viuda, fijando una pensión de viudedad de  831,78 € euros mensuales en base a una enfermedad común sobre una base reguladora de 1.670 €. En este punto, la viuda,  Avelina H. F.  requiere de  mis servicios  para recurrir la denegación de accidente laboral por la Seguridad Social como causa de la muerte.

En estos casos en los que existe una controversia con la calificación que merecen unos hechos con resultado de lesiones permanentes o fallecimiento, el Derecho laboral en materia de accidentes   establece que  hay que agotar una vía previa ante los órganos de la Seguridad Social para luego acudir  a la Justicia. En este supuesto práctico la viuda ganó su caso en primera instancia contra  la Mutua y los órganos de la Seguridad Social, siendo posteriormente  confirmada la sentencia en Suplicación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vio su pensión de viudedad aumentada en 625 € mensuales  debido al cambio de criterio en cuanto a la causa de la muerte.

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9.- Accidente de trabajo

Martín R. L, acudió a nuestro despacho profesional con la siguiente situación:

Nuestro cliente sufrió un accidente de trabajo en el centro de trabajo, una empresa del sector auxiliar automoción, consistente en la salpicadura de proyecciones de metal en un ojo  en el manipulado de una chapa de un vehículo con una radial, sin la empresa haber realizado una evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo de nuestro cliente, ni haberle ofrecido la vigilancia de la salud en los últimos dos años ni haberle proporcionado el equipo de protección individual adecuado.

Cuando ocurrió el hecho, nuestro cliente se encontraba en turno de trabajo en el centro de trabajo de su empresa. La _Dirección de la Empresa expidió volante de asistencia para que nuestro cliente acudiera a su Mutua patronal de accidentes de trabajo.

Nuestro cliente acudió a la mutua patronal  para recibir la asistencia médica, y dado que la proyección le produjo quemaduras en el globo ocular y otras partes del ojo, la mutua la expidió un parte de baja médica por siete días revisable. Nuestro cliente tardó en sanar de sus heridas 30 días completos.

A todo esto, en el plazo de 5 días, la empresa tramito un parte de accidente de trabajo que remitió a la Mutua Patronal, ya que es la mutua la que asume el coste del accidente, aunque es la empresa  la paga a nuestro cliente a través de su nómina de forma delegada, el coste de este pago, se lo deduce la empresa en las boletines de cotización mensuales

Lo primero que como abogados expertos en laboral tuvimos que hacer fue comprobar que el pago realizado por el accidente de forma delegada por la empresa estaba correctamente realizado.

Para el cálculo de la cantidad mensual que debía percibir nuestro cliente hay que tener presente que la legislación estatal, aplicable también en Madrid, exige como mínimo una percepción a favor del trabajador, desde el día de la baja por accidente la cantidad del 75% de su base reguladora en concepto de subsidio de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo.

La base reguladora que se toma en consideración es la del mes anterior a la baja médica, más el promedio de las pagas extras de las últimas doce nóminas,  por lo que hubo que verificar las doce nóminas anteriores al accidente de trabajo y aplicar el 75% a la base reguladora dividiéndolo entre el número de días del mes para conocer el subsidio por incapacidad temporal diario que correspondía a nuestro cliente.

Acto seguido hay que verificar si el convenio colectivo complementa a mayor dicha cantidad ya que la ley estatal solo establece mínimos y es posible que los convenios mejoren las percepciones de los trabajadores en estas circunstancias.

El convenio de nuestro cliente, del sector siderometalúrgico de Cataluña, contenía una cláusula por la que se establecía un complemento hasta el 100% de la base reguladora desde el día de la baja, por lo que nuestro cliente, debería percibir durante el tiempo en que estuvo de baja por accidente de trabajo no solo lo que percibía como si trabajara, sin merma alguna,  sino una cantidad mayor, ya que debía percibir anticipadamente la parte proporcional diaria de las pagas extraordinarias.

Y todo ello, debido a que la base reguladora que sirve para el cálculoestá constituida de remuneración total cotizable más el prorrateo de las pagas extras sin que la empresa, en virtud de dicho convenio, pudiera minorarle los excesos de sus pagas extraordinarias cuando tocara su pago efectivo.

Como vemos el cálculo es complejo y requiere de la asistencia letrada de un abogado laboralista.

Pero, hasta tal punto es conveniente la intervención de un abogado laboralista en estos casos,  que, como nuestro cliente había sufrido el accidente por el incumplimiento de las normas mininas de prevención de riesgos laborales por parte de su empresario, iniciamos contra la empresa un procedimiento laboral, que previa inspección de trabajo, cuyas actas utilizamos como prueba documental en el proceso,  supuso al empresario el levantamiento de un acta de infracción por 50.000€ y la obligación de que el empresario cumpliera la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, lo que hacía más difícil que cualquiera de los trabajadores de la y sufriera en un nuevo accidente de trabajo y una indemnización por los daños y perjuicios causados a favor de nuestro cliente por importe de 6.200€.

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10.- Accidente laboral in itinere

María del Pilar B. X. trabajaba para una mercantil en la categoría profesional de limpiadora con una antigüedad de tres años. El 30 de mayo de 2012, puesto que llegaba con el tiempo justo al trabajo y el ascensor de su casa estaba ocupado, decidió bajar por las escaleras, con la mala suerte de que las mismas acababan de fregarse, por lo que resbaló y se cayó, fracturándose el colles (se encuentra a la altura de la muñeca).

Con motivo de dicho accidente María del Pilar B. X. solicitó la baja laboral, emitiendo la empresa para la que trabajaba parte de baja laboral por dicha contingencia.

Cuando recibió el parte de baja por accidente laboral, la mutua con la que trabajaba la empresa no se mostró conforme con dicha decisión, considerando que la baja tenía el carácter de contingencia común y no de accidente de trabajo, al considerar que la caída se produjo en la vivienda, por lo que mandó carta tanto a la trabajadora como a la empresa rechazando la responsabilidad por dichas contingencias.

María del Pilar B. X. nada más recibir la carta se puso en contacto con mi Despacho, y tras relatarme los hechos y mostrarme la carta que recibió de la mutua, decidí interponer una demanda frente a la empresa para la que trabajaba, frente a la mutua y frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, solicitando que se reconociese su baja por accidente laboral.

Finalmente el Juez de lo Social estimó nuestras pretensiones, al considerar que las escaleras del portal no formaban parte de la vivienda de María del Pilar B. X., por lo que el resbalón y caída en las mismas debía considerarse accidente in itinere.

Como segundo ejemplo voy a citar un caso relativo a un accidente de tráfico que se consideró como accidente laboral in itinere.

Ferrán A. M. trabajaba para una empresa de carpintería con un contrato eventual por obra y servicio en la categoría de oficial de primera.

En el mes de octubre del año 2011 Ferrán A. M., en torno a las 7 de la mañana, acudía a su puesto de trabajo en su vehículo particular, cuando fue embestido por un autobús, causándole una contusión craneal, lumbar y renal, siendo intervenido por una hernia discal, por lo que tuvo que causar baja laboral.

Como consecuencia del accidente se reconoció a Ferrán A. M. una prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes, ya que se consideró que puesto que el accidente fue producido una hora antes de la hora de inicio de la jornada laboral y que el trayecto hasta su puesto de trabajo rondaba entre 20 y 30 minutos, el accidente no podía considerarse in itinere.

Dicha resolución fue recurrida por mi parte, ya que como abogado experto en la materia y conocedor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo tenía la seguridad de que mis pretensiones serían estimadas.

Finalmente el Juzgado de lo Social cumplió mis previsiones y estimó las pretensiones, al considerar que a pesar de que el desplazamiento de Ferrán A. M. a su puesto de trabajo era con antelación excesiva, era evidente que su desplazamiento se realizaba por razón de su puesto de trabajo, siendo irrelevante que se desplazase con antelación para desayunar en las inmediaciones de su centro de trabajo. El reconocimiento de la incapacidad temporal por accidente de trabajo supuso a Ferrán A. M. un aumento de unos 3.500€ de prestación.

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11.- Mesotelioma maligno

Benjamín M. P. llevaba trabajando 50 años en una fábrica de azulejos de Madrid. Al principio la empresa no adoptaba especiales medidas de seguridad, el amianto era un material utilizado por todo el mundo y todavía no se conocían sus efectos nocivos. Sin embargo, progresivamente el Estado aprobó una serie de protocolos para las empresas y los trabajadores: limpieza de las instalaciones, ventilación de los locales, uso de mascarillas, tejidos que no contuviesen asbesto…

Como el mesotelioma pleural tarda muchos años en desarrollarse, Benjamín M. P. siguió trabajando con normalidad, sintiéndose seguro gracias a las medidas establecidas para protegerle, a él y a sus compañeros. Sin embargo, un año antes de visitarme empezó a tener problemas de salud. El primer médico que le examinó no diagnosticó el cáncer. Al ver que su estado físico no mejoraba volvió al médico, le explicó cuál era su trabajo y, esta vez sí, descubrieron lo que tenía.

Él se asustó. Había oído hablar de la enfermedad pero no conocía ningún caso cercano, ningún compañero, que la padeciera. Ante el temor de la corta expectativa de vida que los médicos le calcularon y preocupado por la situación de su mujer si acababa dejándola sola, acudió a mí.

Siguiendo mi criterio como abogado laboral encargué a un doctor especialista en este tipo de cánceres un análisis completo de Benjamín M. P. No había ninguna duda de que su cáncer era consecuencia de la exposición al amianto durante muchos años y quería tener pruebas físicas suficientes para acreditar la relación de causalidad frente a la Seguridad Social y los Tribunales. La relación de causalidad no es otra cosa que demostrar que algo procede de otro algo anterior, y es un criterio muy utilizado en derecho a la hora de probar ante el Tribunal que determinadas secuelas o enfermedades han sido producidas por conductas o situaciones anteriores.

Si bien otros expertos abogados laborales en Madrid han utilizado exclusivamente una de las dos vías que el derecho brinda (civil y laboral) mi dilatada experiencia me llevó a afrontar la enfermedad de Benjamín M. P. utilizando ambas. Un aspecto interesante es que en el proceso de recabar pruebas favorables a mi cliente encargué al perito con el que trabajo un análisis de las condiciones laborales de la empresa en la que trabajaba. Éste descubrió que los extractores de aire del local en el que se hacían los azulejos no funcionaban totalmente, de manera que la exposición al mineral era superior a la permitida. De este modo la empresa incumplía la legislación vigente, acrecentando el riesgo de sufrir consecuencias derivadas del contacto con el amianto.

Por lo tanto, ya contaba con los medios de prueba necesarios para garantizar a Benjamín M. P. tanto la declaración, por parte de la Seguridad Social, de que sufría una enfermedad laboral (enfermedad producida en el desempeño de su trabajo), como una indemnización a cargo de su empresa.

Si bien el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ante la evidencia de las pruebas, reconoció la enfermedad como laboral y garantizó a mi cliente una pensión de 2.500€ al mes, a la empresa tuve que demandarla. Por fortuna la fijación del juicio no se demoró mucho y Benjamín M. P. pudo conocer la sentencia. Se condenaba a la empresa a indemnizar a mi cliente con337.100€ (205.000€ por la enfermedad profesional, 65.100 por la negligencia a la hora de cumplir con las medidas de seguridad y 67.000 por los gastos sanitarios y en medicinas).

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12.- Accidente en actividad agrícola

Hace unos meses acudió a mi despacho José G. P. por un supuesto de accidente laboral,  relatándome los hechos que le habían sucedido en los siguientes términos: Desde hacía unos meses él se  hallaba afiliado al Régimen General de la Seguridad Social  teniendo suscrito contrato de trabajo de obra o servicio determinado como peón agrícola con una empresa.

Mientras se encontraba desempeñando su actividad como trabajador agrícola al servicio de la empresa sufrió un accidente de trabajo que le causó importantes lesiones de distinto tipo. El accidente se produjo concretamente por caída en un desnivel del terreno mientras usaba una maquina vibradora en la recolección de un olivo.

Fue declarado en situación de baja por accidente laboral y durante el periodo en que duró su situación de baja laboral, como consecuencia de las lesiones sufridas,  observó el tratamiento médico prescrito, pese a lo cual, una vez agotado el tratamiento médico, siguió presentando con carácter definitivo e irreversible un cuadro residual, derivado del accidente sufrido, consistente estas secuelas en un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo y desviación de huesos nasales y dichas lesiones le suponen las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: limitación de agudeza visual y dificultad respiratoria.

En primer lugar presentamos ante el Instituto Nacional de la Seguridad social solicitud de reconocimiento de incapacidad permanente por accidente laboral basándonos en que estas secuelas  situaban a mi cliente en una situación de incapacidad permanente para el ejercicio de su profesión habitual de trabajador agrícola, pues le hacían inhábil para el desarrollo de las actividades más habituales que implican dicho trabajo. Siendo la base reguladora de 828,50 € mensuales, la prestación correspondiente que solicitamos (55% de la base reguladora) ascendía a 455,67 € mensuales.

El Organismo público referido desestimó la calificación de incapacidad permanente por accidente laboral en la seguridad social al considerar que no había quedado acreditado que el accidente se produjera durante el desarrollo de la actividad laboral ni que las secuelas fueran consecuencia de esta caída, entendiendo que podrían deberse a la concurrencia de lesiones previas del trabajador.

Frente a esta resolución formulé la preceptiva Reclamación Previa ante la referida Entidad Gestora competente, siendo ésta reclamación previa igualmente desestimada por los mismos motivos.

No nos quedó por tanto más remedio que presentar demanda judicial  para solicitar la declaración de incapacidad total  por accidente laboral en grado de total, resultando  de aplicación al caso debatido los artículos 134 y 137.4 del Real Decreto Ley  1/94, de 20 de junio, Ley General de la Seguridad Social, sobre declaración de la situación de invalidez permanente total para el ejercicio de la profesión habitual.

En el acto del Juicio acreditamos mediante la declaración de otros peones agrícolas, compañeros de mi cliente, que se encontraban presentes en aquel momento,  cómo y en qué condiciones se produjo el accidente durante la actividad laboral de José G.P.  Asimismo probamos por el informe del médico forense y demás documentación médica que las lesiones incapacitaban a mi cliente para el ejercicio de su trabajo.

Tras los trámites legales y procesales oportunos conseguimos de esta forma que se dictara Sentencia por la que se declaróa mi cliente afecto de invalidez permanente, en grado de total derivada de accidente de trabajo, para el ejercicio de su profesión habitual de trabajador agrícola, y le reconoció su derecho a percibir la prestación correspondiente a tal grado de incapacidad ascendente a 455,67 €.

En un Juicio a parte, en la jurisdicción civil, José G. P. consiguió también unaindemnización de 37.050,05 € de parte de la empresa, por incumplir las medidas de seguridad. Por tanto sumando esta cantidad a la pensión mensual obtenida D. José consiguió, gracias a nuestra intervención, quedar después de su accidente laboral en Madrid en unas condiciones económicas suficientes para seguir viviendo de una forma digna.

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13.- Accidente de camino al trabajo

Pedro S. S., viudo, vino a mi despacho de abogados de accidentes con indemnización en Madrid a consecuencia de un accidente de circulación que había tenido su único hijo, Alberto S.D., quien resultó fallecido a causa del mismo.

Por motivos que incluso después de hecho el atestado policial se desconocen, Alberto S.D. perdió el control del vehículo que conducíacuando circulaba por una carretera de la provincia, invadiendo el carril contrario y colisionando con otro vehículo que circulaba por dicho carril.

El siniestro se produjo a las 7.15 horas de la mañana cuando Alberto S.D. se dirigía a su centro de trabajo, situado a 20 kilómetros de su lugar de residencia. La profesión de Alberto S. D. era la de agente de seguridad por lo que tenía instrucciones de su empresa de no utilizar la misma ruta para ir al trabajo y regresar del mismo, de utilizar rutas alternativas. El día del accidente estaba siguiendo una ruta más larga que lo desviaba 10 kilómetros de la población en la que se encuentra el que hasta entonces era su centro de trabajo.

El importe que figuraba en la póliza que tenía contratada la empresa de la que era trabajador Alberto S.D. por fallecidos en accidentes laborales ascendía a 60.000€. Pese a que la empresa otorgó el carácter de laboral al accidente, por supuesto, la compañía aseguradora lo negaba.

Después de un complejo procedimiento recabando informes, instrucciones, normativa interna, testimonios entre otros medios de prueba y tras un largo juicio, la sentencia del Juzgado de lo Social que conoció del asunto, estimó nuestras pretensiones y consideró el accidente de Alberto S.D. como laboral, obligando de esta manera a la compañía aseguradora a abonar al padre de Alberto S.D., mi cliente Pedro S. S., la cantidad de 60.000€.

Que un accidente de tráfico se considere laboral no sólo tiene relevancia a efectos de ser beneficiario de un seguro como en el caso que acabamos de exponer, ya que el Instituto Nacional de la Seguridad Social también concede prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional siempre que se produzca el fallecimiento del trabajador.

Para estos casos, es beneficiario el cónyuge o asimilado, el ex cónyuge siempre que también sea beneficiario de la pensión de viudedad, los huérfanos, si también tienen derecho a percibir una pensión de orfandad y, si reúnen una serie de requisitos, los padres del trabajador fallecido que tengan a éste a su cargo.

Las cuantías de estas indemnizaciones se calculan en función de la base reguladora correspondiente y oscilan entre 1 mensualidad para el caso de un huérfano en el que además concurra una indemnización a un cónyuge hasta las 12 mensualidades de la base reguladora de indemnización que pueden llegar a percibir los padres que hubiesen tenido a cargo un trabajador fallecido.

Por poner otro ejemplo, si Pedro S.S. hubiera tenido a cargo a su hijo Alberto S.D., hubiera percibido una indemnización de la Seguridad Social de 12.768€, puesto que la base reguladora de Alberto S.D. era de 1.064 €.

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14.- Derecho de excedencia para cuidado de los padres

Dña. Inmaculada. D.R. trabajaba en el año 2010 para una tienda de cosméticos como dependienta. Debido a un accidente de tráfico que sufrió su marido, solicitó a su empresa que le concediesen una excedencia para el cuidado del mismo por un periodo de 18 meses, derecho que le reconoció la empresa.

Treinta días antes de la finalización de la excedencia, Dña. Inmaculada D.R. mandó una carta SIN acuse de recibo a la empresa solicitando su reincorporación en la misma (en el Convenio Colectivo se fijaba la necesidad de dicha comunicación por escrito), no atendiendo dicha petición la empresa.

Ante la pasividad de la empresa, Dña. Inmaculada D.R. se puso en contacto conmigo para explicarme su situación, decidiendo que la mejor opción era interponer una papeleta de conciliación solicitando la reincorporación de Dña. Inmaculada D.R. en su puesto de trabajo.

Puesto que el acto de conciliación se celebró sin avenencia nos vimos obligados a interponer una demanda ante el juzgado de lo social, solicitando se declare la nulidad del despido de Dña. Inmaculada DR.

Durante el juicio, la empresa negó haber recibido escrito alguno de Dña. Inmaculada D.R. solicitando su reincorporación en la empresa, por lo que alegaron que entendían que la misma había renunciado a su puesto de trabajo por dimisión, por lo que consideraban que no se había producido despido alguno, sino que Dña. Inmaculada D.R. había extinguido voluntariamente su contrato de trabajo.

El hecho de que Dña. Inmaculada D.R. mandase la carta solicitando la reincorporación en su puesto de trabajo sin acuse de recibo supuso un gran problema a la hora de defender sus intereses en juicio, hecho que no se habría producido si se hubiera asesorado correctamente poniéndose en contacto con un Abogado especialista en Derecho Laboral, quien le habría recomendado mandar la carta con acuse de recibo.

Esta falta de prueba sobre la comunicación de Dña. Inmaculada D.R. de su deseo de reincorporarse en la empresa fue salvada gracias al interrogatorio que practiqué durante la celebración de la vista, ya que el encargado de la empresa reconoció que había mantenido una reunión con Dña.  Inmaculada D.R. sobre la posibilidad de su reincorporación pero disminuyendo su jornada laboral a cuatro horas diarias.

Finalmente el juez dictó sentencia considerando nulo el despido de Dña. Inmaculada D.R., condenando a la empresa a la readmisión de la misma, más el pago de los salarios de tramitación que ascendieron a un total de 2.550 €.

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